Estamos concluyendo el año 2024 y queremos hacer algunas reflexiones.
Desde el punto de vista político mantenemos el fuerte compromiso con el objetivo del FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Este objetivo no alcanza con el cumplimiento de las funciones Legislativa, representativa y de control que manda la Carta Orgánica.
Los cambios profundos que vivimos en nuestro país, provincia y región nos obligan a actuar con cautela y demanda actuar responsablemente. Como parte de la oposición sabemos que cuando la realidad esta complicada es fuerte la tentación de tener actitudes especulativas dificultando la gestión municipal.
Somos conscientes que una oposición que actúa irresponsablemente no contribuye al Fortalecimiento de las instituciones democráticas.
En estos momentos estamos atravesando una situación delicada, que rompe de uno de los elementos clave de nuestra república. Hablamos del equilibrio de poderes y división de funciones (ejecutivo, legislativa y judicial).
Escuchamos en estos días las declaraciones del uno de los jueces salientes de la Corte Suprema (Maqueda) quien manifiesta la preocupación por las instituciones en la Argentina.
Tampoco queremos ocultar la preocupación por el uso indiscriminado del Veto presidencial a las leyes que no cuentan con la aprobación del Ejecutivo. No vamos a esquivar mencionar los acontecimientos ocurridos en nuestra Legislatura provincial ya que nos preocupan porque generan incertidumbre, inestabilidad y debilitamiento institucional.
A esta situación la acompañan:
Crisis económica persistente. La inflación crónica, y en espacial el aumento indiscriminado de servicios y medicamentos, generan descontento social y desilusión con el sistema político.
Polarización política extrema. La fuerte división entre facciones, que dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas estructurales del país. Este enfrentamiento constante refuerza la desconfianza de la ciudadanía en la dirigencia política.
Debilitamiento institucional. La independencia del poder judicial, la transparencia electoral y el respeto por los derechos que están plasmados en la Constituciones y Cartas Orgánicas, que son pilares fundamentales de la democracia que han sido objeto de controversias. La percepción de interferencia político-partidaria o invasión del Poder Ejecutivo en estos ámbitos contribuye a erosionar la democracia.
Impacto de los medios y las redes sociales. Algunos medios y redes han intensificado la desinformación y la manipulación de la opinión pública, lo que exacerba la polarización e incluso genera violencia, dificultando el diálogo constructivo.
Corrupción e impunidad. Los casos de corrupción y la percepción de impunidad, refuerza la idea de que las reglas no se aplican de manera igualitaria.
Desafección ciudadana, ya que una parte significativa de la población siente que el sistema no representa sus intereses y necesidades lo que se traduce en apatía política. Esta desconexión es terreno fértil para discursos antidemocráticos.
Inseguridad y violencia, debilitando la confianza del Estado y siendo usada como excusa para tomar medidas autoritarias que socavan derechos fundamentales.
En conclusión, el año que comienza nos enfrenta a un enorme desafío, el de mantener la calma, construir consenso y alcanzar acuerdos. El consenso democrático tampoco es una garantía de éxito en la solución de todos los problemas. Es solo una es un camino continuo que permite gestionar conflictos, y avanzar hacia una sociedad más equitativa.
Promover un nuevo Pacto/Acuerdo social en la era del “sálvense quien pueda” individualista representa un gran desafío. Las dinámicas sociales actuales están marcadas por una fuerte orientación hacia las metas personales, la desconfianza en las instituciones y el debilitamiento de los vínculos comunitarios. Sin embargo, es posible: requiere estrategias claras, genuinas e innovadoras que conecten las necesidades individuales con el bienestar colectivo y por sobre todas las cosas compromiso y responsabilidad. Y asi lo haremos.
